S in BDS feature

La S de BDS: cambiar la política por la rendición de cuentas

Introducción

La “S” de BDS se refiere a las sanciones, y aparece intencionalmente después de la B y la D, ya que requiere la construcción de una masa crítica de poder popular para que los responsables políticos cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional e impongan medidas de rendición de cuentas para poner fin a las graves violaciones de los derechos del pueblo palestino y del derecho internacional perpetradas por Israel.

Para lograrlo, el movimiento trabaja para construir poder desde las bases hasta las cúpulas para presionar a los Estados, instituciones oficiales como los gobiernos locales y organizaciones internacionales para que pongan fin a su complicidad en los crímenes atroces y violaciones de los derechos humanos que Israel ha perpetrado sistemáticamente contra el pueblo palestino y tomen medidas significativas para la rendición de cuentas. Poner fin a esta complicidad y exigir responsabilidades, las piedras angulares de la justicia, son necesarias para desmantelar el régimen israelí de colonialismo, apartheid, ocupación militar y genocidio. Todas ellas son obligaciones legales.

Una de las principales razones por las que Israel puede violar sistemáticamente el derecho internacional y cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los palestinos es que otros Estados y organizaciones internacionales no cumplen con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Las dos obligaciones básicas incluyen no contribuir a un crimen o situación ilegal y garantizar la aplicación del derecho internacional para la rendición de cuentas. El incumplimiento de estas obligaciones constituye complicidad y socava el sistema multilateral basado en el estado de derecho internacional.

La S de BDS se inspira en las medidas coercitivas adoptadas por la ONU contra el apartheid en Sudáfrica. Estas medidas se consideran el paradigma más ético, legal y eficaz para la rendición de cuentas. Trabajamos para presionar a los gobiernos para que impongan sanciones legales, proporcionales, específicas, éticamente justificables y estratégicamente eficaces para ayudar a desmantelar el régimen israelí de colonialismo y apartheid contra los pueblos indígenas palestinos.

Los más altos órganos judiciales y legislativos de la gobernanza mundial, incluidos la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), han dejado claro que las sanciones contra el régimen de genocidio y apartheid de Israel son una obligación en virtud del derecho internacional, no una facultad discrecional. Esto incluye la imposición de un embargo militar integral, el fin de los vínculos económicos y financieros, la interrupción de la cooperación académica y de otro tipo, el cese de las relaciones diplomáticas y la expulsión de Israel de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Los gobiernos sí responden a la presión pública y algunos han adoptado sanciones limitadas contra Israel o medidas para garantizar que no contribuyan a sus crímenes. Imponer sanciones éticas, legales y efectivas de manera unilateral y multilateral es la obligación legal y ética más fundamental frente al apartheid y el genocidio israelíes.

El movimiento BDS ha tenido éxito a lo largo de los años en la integración del análisis jurídico del régimen de Israel como uno de colonialismo, apartheid y ocupación militar. Ha construido una enorme red intersectorial con sindicatos, así como movimientos de justicia racial, social, económica, de género y climática que representan a decenas de millones de personas en todo el mundo. Hoy en día Palestina sigue siendo una prueba de fuego importante para los derechos humanos y el sistema de derecho internacional.  

¿Qué son las sanciones?

Los boicots, la desinversión y las sanciones contra la ocupación, la colonización y el apartheid israelíes no solo son un imperativo moral y un derecho constitucional y humano, sino también una obligación jurídica internacional
Craig Mokhiber, exdirector de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York.

En las relaciones internacionales, las sanciones son las medidas adoptadas por los Estados para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, a través de acciones que buscan poner fin, por medios legales, a las violaciones graves de los principios básicos del derecho internacional. Las sanciones se dirigen al Estado responsable con el objetivo de obligarlo a cumplir con el derecho internacional al cesar sus violaciones y realizar reparaciones.

Las violaciones graves y sistemáticas de los principios básicos del derecho internacional (normas imperativas o ius cogens) por parte de un Estado –como la agresión, la adquisición de territorio mediante la amenaza o el uso de la fuerza, el colonialismo, los crímenes de lesa humanidad, el apartheid y el genocidio– desencadenan dos obligaciones legales distintas para todos los demás Estados y organizaciones internacionales (entre Estados): (1) cooperar para poner fin por medios lícitos a la grave violación y (2) no reconocer como lícita una situación creada por una violación tan grave y no ayudar o asistir en su mantenimiento.

Históricamente las sanciones de la ONU y de los Estados miembros contra el apartheid en Sudáfrica se consideran la aplicación más importante y prolongada de sanciones internacionales apoyadas por la ONU (a las que se opusieron durante décadas algunos Estados occidentales, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido). Por el contrario, las sanciones lideradas por Estados Unidos contra Cuba, Irán, Irak, Afganistán y otros Estados –donde Estados Unidos buscaba un "cambio de régimen"– han carecido del apoyo necesario de la ONU o de legitimidad internacional, con algunas excepciones. En estas excepciones, el hecho de que la ONU apoyara un régimen de sanciones no ha impedido que este tenga consecuencias terribles, incluso genocidas, como en Irak. Esto debe advertirnos que no debemos considerar el apoyo de la ONU a cualquier sanción como una condición suficiente para que dichas sanciones sean éticamente justificables.

Como parte de su responsabilidad en calidad de terceros, todos los Estados están obligados a cooperar y adoptar medidas para poner fin a las violaciones de las normas imperativas por parte de Israel y garantizar su rendición de cuentas. Los Estados pueden tomar medidas de forma unilateral, multilateral y en el marco de las Naciones Unidas, incluida la imposición de sanciones.

Para que cumplan con la obligación de no reconocer como legítima una situación creada por una violación tan grave y de no ayudar o colaborar en su mantenimiento, los Estados deben tomar medidas para garantizar que ellos mismos respeten las normas imperativas universalmente vinculantes, eviten o pongan fin a la complicidad y se abstengan de causar daño. Aunque técnicamente no se trata de sanciones, son una obligación y no una cuestión discrecional.

El movimiento BDS adopta una definición híbrida de sanciones que combina ambas obligaciones. Este enfoque concilia los elementos más importantes de las definiciones de sanciones generalmente aceptadas con las definiciones legales, al tiempo que mantiene los principios de ética, legalidad y eficacia estratégica.

Para ser legales, las sanciones o un régimen de sanciones deben cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, respetar los derechos humanos fundamentales, las obligaciones humanitarias y las normas imperativas, deben ser proporcionales y no deben adoptarse como un medio para promover intereses geoestratégicos. Las sanciones o el régimen de sanciones deben estar dirigidos a las estructuras de opresión y no deben causar daños indebidos a la población civil, ya sea de forma intencionada o no.

Hay al menos cinco áreas a las que se pueden aplicar sanciones en forma de obligación negativa:

  1. Vínculos militares y de seguridad, incluido el comercio bilateral, la transferencia y el tránsito de material militar y de doble uso, las asociaciones, la formación conjunta, la investigación académica y otras formas de cooperación militar.
  2. Vínculos energéticos, incluido el suministro de petróleo, gas y carbón.
  3. Vínculos económicos y financieros, incluidos el comercio, los acuerdos y foros de cooperación y las relaciones bancarias.
  4. Vínculos culturales, incluida la cooperación académica y deportiva (que incluye la exclusión de los Juegos Olímpicos, la FIFA, etc.).
  5. Vínculos diplomáticos, incluidas las relaciones a nivel oficial, la participación en instituciones, redes y reuniones internacionales.

Las sanciones fueron el golpe final al régimen de apartheid en Sudáfrica. Dada la dependencia que tiene Israel de los mercados mundiales, las sanciones selectivas y legales a nivel estatal, regional o internacional serán una medida muy eficaz para ejercer una presión real sobre el régimen de apartheid israelí.

Los más altos organismos judiciales y legislativos de gobernanza global, incluidos la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Asamblea General de la ONU (AGNU), han determinado que Israel viola sistemáticamente normas imperativas del derecho internacional, como llevar a cabo un genocidio “plausible” e imponer el apartheid contra el pueblo palestino. Tales determinaciones desencadenan obligaciones tanto negativas como positivas por parte de los terceros Estados.

En una Opinión Consultiva solicitada por la AGNU, la CIJ determinó en 2004 que el muro y las colonias de Israel en el territorio palestino ocupado son ilegales, y por primera vez estableció las obligaciones vinculantes de los terceros Estados y de la ONU para poner fin a las violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Desde entonces, organismos y organizaciones autorizadas de todo el mundo, incluidos los mecanismos de derechos humanos de la ONU, las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, así como especialistas en derecho, intelectuales y docentes de universidades, han declarado a Israel culpable de apartheid y de otras violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas contra el pueblo palestino.

En enero de 2024, en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel, la CIJ determinó que Israel está violando de manera plausible la Convención contra el Genocidio contra 2.3 millones de personas palestinas en la ocupada y sitiada Franja de Gaza. La determinación del tribunal desencadenó obligaciones, en virtud de la Convención, que exige a los Estados que se comprometan a "prevenir y castigar el genocidio". Por lo tanto, los Estados tienen la obligación negativa de no cometer o ser cómplices de genocidio, así como la obligación positiva de prevenir y castigar el genocidio. En septiembre el Comité Especial de las Naciones Unidas encargado de investigar las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos de las poblaciones palestinas y árabes de los Territorios Ocupados publicó un informe en el que declaraba a Israel culpable de genocidio.

En diciembre de 2024, Amnistía Internacional, la mayor organización internacional de derechos humanos, llegó a la conclusión de que, basándose en las políticas, acciones y omisiones desde el 7 de octubre de 2023, Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Con esto, Amnistía sumó su voz de autoridad a la de diversos Estados, especialistas de la ONU y miles de especialistas en derecho internacional y en historia del genocidio que ya habían llegado a la misma conclusión.

En abril de 2024, Nicaragua presentó un caso de complicidad contra Alemania ante la CIJ por su participación en el genocidio israelí en Gaza, que incluye el suministro de armas y otro tipo de apoyo militar. Aunque el tribunal no concedió a Nicaragua las medidas provisionales solicitadas, desestimó la petición de Alemania de desestimar el caso y, en su lugar, inició los procedimientos pertinentes. Ese mismo mes el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que se pedía "poner fin a la venta, transferencia y desvío de armas, municiones y otros equipos militares a Israel".

Basándose en el fallo de 2004, la CIJ determinó en julio de 2024 que Israel es culpable de apartheid y que su ocupación militar es ilegal. La CIJ concluyó que Israel debe poner fin por completo a su ocupación militar de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén del Este, y afirmó sin lugar a dudas la obligación legal de todos los Estados de poner fin a la complicidad en la ocupación ilegal de Israel y en las graves violaciones de los derechos humanos, así como de actuar para garantizar el respeto del derecho internacional. Más tarde, en septiembre de 2024, la Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría una resolución en la que adoptaba la Opinión Consultiva de la CIJ de julio de 2024 y pedía, por primera vez en 42 años, la imposición de sanciones a Israel y el fin de la ocupación israelí en 12 meses.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de "Defensa", Yoav Gallant, lo que ha amplificado aún más los requisitos para que los Estados actúen en cumplimiento de sus obligaciones.

Estas determinaciones de los máximos organismos autorizados en materia de derechos humanos y derecho internacional no dejan duda sobre la clara criminalidad del régimen colonialista de Israel y la obligación de los Estados de ayudar a desmantelarlo y garantizar la rendición de cuentas. Esto comienza con el cumplimiento de la obligación de no reconocer, ayudar o asistir al régimen criminal de Israel y de trabajar tanto individual como colectivamente para prevenir, reprimir y castigar los crímenes y a los criminales.

El movimiento BDS trabaja para presionar a los Estados para que tomen medidas para cumplir con sus obligaciones legales de no ser cómplices en la comisión de crímenes israelíes y de no proporcionar reconocimiento, ayuda o asistencia que ayuden a Israel a mantener su régimen de colonialismo, apartheid y genocidio. Esto incluye, por ejemplo, la obligación de los Estados de poner fin de inmediato a todo comercio que sustente la ocupación ilegal y el apartheid israelíes o que pueda contribuir directa o indirectamente a que Israel cometa el crimen de genocidio. Esto debería incluir la suspensión de los acuerdos de libre comercio y otros acuerdos bilaterales con Israel, así como la imposición de un embargo integral militar/de seguridad y energético contra este.

Debido a las graves y sistemáticas violaciones de Israel de las normas imperativas, se exige a otros Estados, como parte de sus obligaciones en calidad de terceros, que eviten o pongan fin al reconocimiento, la ayuda o la asistencia que permita el crimen de genocidio o ayude a mantener el sistema ilegal de apartheid y ocupación militar israelí. Esto incluye, por ejemplo, no reconocer como legítima la presencia de Israel (ocupación militar y colonias) en cualquier lugar de los territorios palestinos ocupados (TPO) y el deber de poner fin a las relaciones, incluidas las comerciales y diplomáticas, entre otras, que contribuyen al reconocimiento y a posibilitar una situación tan ilegal. Esta obligación ha quedado clara en los dictámenes consultivos de la CIJ de 2004 y 2024, que concluyeron que todos los Estados tenían la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en los TPO y de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación. 

Como parte de su obligación de no reconocer, ayudar ni colaborar con las violaciones israelíes, los Estados deben poner fin a la cooperación militar, económica, financiera, académica y cultural con todas las instituciones oficiales israelíes, ya que dicha cooperación supone un reconocimiento y un apoyo material al mantenimiento de la opresión del pueblo palestino por parte del apartheid y el colonialismo israelí.

Israel depende especialmente del comercio internacional y tiene acuerdos de libre comercio y otros acuerdos bilaterales con países y bloques regionales de todo el mundo. Este comercio permite, por no decir que contribuye directamente a, la comisión de los crímenes de genocidio, apartheid y otros crímenes de lesa humanidad por parte de Israel.

El movimiento BDS pide el fin de todos los lazos económicos con el régimen de genocidio, apartheid y colonialismo israelí. Esto incluye acuerdos que dan a Israel acceso preferencial a los mercados y a la cooperación económica.

Como parte de su deber de no reconocer ni ayudar a mantener el régimen de apartheid ilegal y criminal de Israel, los gobiernos están legalmente obligados a prohibir todo comercio que permita el genocidio israelí o ayude a Israel a mantener su presencia ilegal, incluida la ocupación militar y la actividad colonial en el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén del Este.  

El genocidio de Israel funciona gracias al petróleo y al carbón, que alimentan su red eléctrica, su industria armamentística, su infraestructura de inteligencia artificial y sus vehículos militares. La venta de gas inyecta miles de millones en la economía israelí, lo que le permite continuar sus campañas genocidas. A finales de febrero de 2024, las organizaciones palestinas emitieron un llamado exigiendo el cese de todas las transferencias de energía a Israel, la compra de gas israelí y la complicidad empresarial en la extracción y venta de fuentes de energía, en particular las que se encuentran en tierras, aguas o en zonas económicas exclusivas (ZEE) palestinas.

srael solo puede llevar a cabo un genocidio y mantener el apartheid gracias a la complicidad de los Estados y empresas de todo el mundo que le suministran armas o cooperan con su ejército y sus empresas de armamento e instituciones de investigación.

Las empresas militares israelíes utilizan los ataques militares contra el pueblo palestino para probar y comercializar nuevas armas "probadas en el campo de batalla". Existe una creciente campaña internacional para conseguir que más gobiernos impongan un embargo militar a Israel.

Impacto

  • IMPONENTE

    SANCIONES

    En septiembre de 2024 la Asamblea General de la ONU votó por abrumadora mayoría a favor de imponer sanciones a Israel por primera vez en 42 años.

  • MILITAR

    EMBARGO

    En noviembre de 2024, 52 estados pidieron que se impusiera un embargo militar a Israel, iniciativa que más tarde fue adoptada por la cumbre conjunta de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y la Liga de los Estados Árabes.

  • BOLIVIA

    HA SUSPENDIDO

    sus relaciones diplomáticas con Israel, mientras que Chile, Colombia, Chad, Honduras, Turquía y Jordania, entre otros, han reducido sus relaciones con este país.

Campañas

El movimiento BDS lidera el amplio consenso entre la población palestina sobre la exigencia de establecer el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid (UNSCAA, por sus siglas en inglés), que se reflejó en el Llamado Unificado Palestino para Desmantelar el Colonialismo y el Apartheid. El Llamado unificado de la sociedad civil palestina con respecto a las sanciones a Israel tras el dictamen consultivo de la CIJ de 2024 reiteró la exigencia:

  • A la Asamblea General de la ONU para que instruya a los organismos de la ONU, incluido el Secretario General de la ONU, a que promulguen mecanismos de rendición de cuentas eficaces dentro del sistema de la ONU para abordar no solo la presencia ilegal de Israel en los TPO, sino sus políticas de segregación y apartheid; su violación de la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho de las personas refugiadas palestinas a regresar y recibir reparaciones; su anexión del territorio palestino y su negación del derecho a la autodeterminación. Estos derechos denegados afectan a todo el pueblo palestino.
  • A la Asamblea General para que reconstituya el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid (UNSCAA) y el Centro de la ONU contra el Apartheid; para poner fin a la segregación y el apartheid israelíes contra todo el pueblo palestino (incluida la población refugiada); para garantizar que Israel "derogue toda la legislación y las medidas que crean o mantienen la situación ilegal, incluidas las que discriminan al pueblo palestino en los TPO".

En el sur global, en particular, expresidentes, parlamentarios, juristas y diplomáticos de Asia, África y América Latina han respaldado la demanda de activar la UNSCAA para abordar el apartheid israelí sobre todo el pueblo palestino.

Muchos organismos gubernamentales locales tienen relaciones de inversión y adquisición con empresas que son cómplices de las graves violaciones de los derechos del pueblo palestino por parte de Israel. Otros tienen relaciones de hermanamiento (a veces llamadas acuerdos de ciudades hermanadas) con organismos gubernamentales locales israelíes que participan en la comisión de crímenes internacionales por parte de Israel. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad ética y la obligación legal de desinvertir y excluir de los contratos a las empresas e instituciones que están implicadas en el reconocimiento, la ayuda o la asistencia a la ocupación militar ilegal israelí, su sistema de apartheid o las violaciones de la Convención sobre el Genocidio, según lo determinado por la Corte Internacional de Justicia.

Los gobiernos no están exigiendo responsabilidades a Israel y, en algunos casos, como el de Estados Unidos, están financiando, armando y facilitando activamente el genocidio israelí del pueblo palestino y su sistema subyacente de apartheid y ocupación militar ilegal. Esto significa que los gobiernos locales tienen un papel vital que desempeñar en la defensa de los derechos humanos y la extensión de la solidaridad, como fue el caso contra el apartheid en Sudáfrica. Ante una segunda presidencia de Trump en Estados Unidos y un giro hacia la derecha a nivel mundial, resulta aún más urgente que las ciudades actúen para defender los valores de la democracia y los derechos humanos y se mantengan en armonía con el derecho internacional.

Desde el inicio del genocidio israelí en Gaza en 2023, ciudades de todo el mundo han desinvertido en Israel, rescindido contratos con empresas cómplices, puesto fin a acuerdos de hermanamiento e incluso bloqueado en sus puertos los buques que transportaban suministros militares a Israel. Las ciudades, reflejando el abrumador sentimiento popular, han ejercido presión que, en algunos casos, ha llevado a los Estados a decretar un embargo de armas a Israel.

Los gobiernos locales, incluidas las ciudades y los consejos locales y regionales, deben adoptar una política de inversión y contratación en materia de derechos humanos en la que se estipule que no invertirán en ni contratarán con empresas cómplices de graves violaciones de los derechos humanos. Los gobiernos locales deben implementar políticas que impidan las inversiones y los contratos de adquisición con empresas cómplices de violaciones de los derechos humanos en cualquier lugar.

Todas y cada una de las ciudades israelíes están profundamente implicadas en los crímenes del Estado y en las graves violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas palestinos, incluido el apartheid.

Los proyectos de ciudades hermanadas tienen como objetivo ideal promover los lazos entre las comunidades de ambas ciudades o aprender sobre la vida de cada una y trabajar juntas en proyectos de apoyo mutuo. El hecho de que una ciudad tenga lazos de hermanamiento con una ciudad israelí sirve para dar un reconocimiento formal, contrario al derecho internacional, a una situación ilegal. Este reconocimiento sirve para limpiar la imagen de Israel como si se tratara de un Estado "normal" con el que debemos cooperar.

Ha habido muchos precedentes para poner fin a las relaciones de ciudades hermanadas con ciudades israelíes cómplices: Barcelona, España; Ixelles, Bélgica, y Antalya, Turquía, entre otras, han puesto fin a sus relaciones con sus respectivas ciudades hermanadas israelíes. Algunas ciudades como Belem, Brasil, se han declarado espacios libres de apartheid, mientras que otras, como Lieja, Bélgica, han cortado todos los lazos con el apartheid israelí.

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Gobiernos locales

Los organismos de gobierno local, como los concejos municipales y regionales, desempeñan un papel importante en nuestro sistema político. Desde la creación del movimiento BDS, decenas de autoridades locales de Irlanda, Noruega, España, Suecia, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica y Australia han aprobado resoluciones que apoyan el movimiento BDS o que se comprometen a no hacer negocios con empresas específicas a las que se dirige este. Desde el comienzo del genocidio de Israel en Gaza en 2023, ha aumentado el número de gobiernos locales que han aprobado resoluciones para desinvertir en Israel o para, de alguna manera, poner fin a la complicidad. Estas decisiones son poderosos ejemplos de cómo poner en práctica la solidaridad.

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Espacios libres de apartheid

Los Espacios Libres de Apartheid  son una nueva iniciativa que apunta a convertir las comunidades locales en espacios de solidaridad con la lucha palestina por libertad, justicia e igualdad. Al comprometerse a boicotear a Israel y declararse públicamente Espacio Libre de Apartheid  (ELA), las empresas locales (como tiendas y restaurantes), las organizaciones de la comunidad y los concejos locales pueden hacer una importante contribución. En todo el mundo, espacios abiertos al público como cafés, centros comunitarios e instituciones culturales se están declarando Espacio Libre de Apartheid. Al hacerlo, se comprometen a apoyar públicamente el boicot a Israel y a convencer a otras entidades para que se declaren también ELA. Echa una mirada a nuestro ELA toolkit, y aprende más sobre esta increíble estrategia de organización comunitaria, y cómo apoyar a nuevos ELA en tu ciudad, centro cultural u otro espacio comunitario. Si quieres crear un ELA en un espacio cultural, social o comunitario te aconsejamos que leas esta lista de verificación y nos contacte para obtener todo el apoyo necesario.

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EMBARGO MILITAR

El embargo militar es una obligación moral porque las fuerzas israelíes están violando los derechos más básicos del pueblo palestino. También es una obligación legal, de acuerdo con numerosos acuerdos internacionales, entre los que destacan las dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia: la del 26 de enero ordena a Israel cesar acciones que son actos plausibles de genocidio, y la del 19 de julio, en su opinión consultiva, declara ilegal la ocupación.

Los gobiernos locales pueden aprobar resoluciones en las que se pide a sus Estados que tomen medidas para la rendición de cuentas. Por ejemplo, una resolución municipal puede pedir un embargo de armas (poner fin a la financiación militar y al comercio de seguridad militar con Israel, así como al tránsito de suministros militares hacia este país) y que se respete y cumpla la legislación vigente. Ejemplo de resolución aprobado por el ayuntamiento de Northampton, Massachusetts (Estados Unidos), en noviembre de 2024.

Los organismos internacionales y regionales tienen vínculos cómplices con el régimen de apartheid y genocidio israelí. Estos vínculos permiten y pueden contribuir directamente a que Israel cometa crímenes atroces contra el pueblo palestino.

La pertenencia o asociación de Israel a diversos foros diplomáticos y económicos internacionales o regionales, como las Naciones Unidas, la UE, los Juegos Olímpicos, la FIFA y la OCDE, proporciona una apariencia injustificada de respetabilidad y apoyo material a su régimen colonial y a los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.

En los últimos años ha aumentado la oposición a la pertenencia de Israel a la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como a organismos deportivos y culturales como el concurso de canto Eurovisión, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y los Juegos Olímpicos.

Israel es un Estado de apartheid que debe ser tratado como tal. En 1973 la Sudáfrica del apartheid fue suspendida de la Asamblea General de las Naciones Unidas e Israel debería recibir el mismo trato. Israel está incumpliendo las condiciones de su pertenencia a la ONU al no aplicar la resolución 194. También infringe sistemáticamente sus obligaciones con la ONU, en tanto viola las protecciones otorgadas a organismos de la ONU como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés). Estas flagrantes violaciones se han intensificado durante el último año y se reflejan en el elevado número de bajas del personal de la ONU y en los repetidos ataques a las instalaciones de la ONU. La última legislación israelí, que prohíbe la UNRWA, viola directamente el artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, Israel se niega rotundamente a colaborar con los mecanismos de la ONU al no permitir las visitas de las personas relatoras especiales de la ONU y de la Comisión Independiente de Investigación de la ONU, entre otros. Israel también ha declarado persona non grata al secretario general de la ONU, lo que refleja su absoluto desprecio por la institución. A lo largo de las décadas Israel también ha mostrado su desprecio por la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2004 y ha incumplido repetidamente múltiples resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Hay una larga lista de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que Israel ha violado, lo que en sí mismo constituye una violación del artículo 25 de la Carta de la ONU. De conformidad con el artículo 6 de la Carta de la ONU, los Estados miembros deben pedir la destitución de Israel debido a su persistente violación de los principios de la Carta de la ONU, ya que socava el orden jurídico internacional.

El sistema de la ONU protege a Israel de la rendición de cuentas, por ejemplo, al no abordar el apartheid y el genocidio israelíes. La oficina del Secretario General de la ONU es cómplice al no tomar las medidas adecuadas con respecto a su mandato de prevención del genocidio y de abordar el apartheid tras las sentencias y opiniones de la CIJ. Además, la ONU debe examinar si sus políticas de contratación se ajustan al derecho internacional y a los derechos humanos y no contratar a empresas que sean cómplices de los crímenes y violaciones de los derechos humanos de Israel contra el pueblo palestino.

Actúa

Debemos actuar conjuntamente para presionar a los gobiernos y organismos internacionales a que pongan fin a su apoyo al colonialismo y al apartheid israelí y para que Israel rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional.

Recursos

Guía para adoptar una política de compras éticas.

Este documento presenta una guía normativa dirigida a los municipios y ayuntamientos, legisladoras y legisladores estatales y federales, y a los gobiernos, con el fin de que adopten una política de contratación pública que cumpla con el derecho…