La sociedad civil palestina acoge con satisfacción la tan esperada lista de la ONU de empresas cómplices de la política ilegal de asentamientos de Israel, la cual constituye un crimen de guerra según el derecho internacional. Agradecemos a todas las organizaciones de derechos humanos que han trabajado sin descanso para que se publicara este importante instrumento de transparencia y rendición de cuentas.
Defender el derecho internacional es la única respuesta adecuada a los intentos de los regímenes autoritarios y de extrema derecha —liderados por la Casa Blanca de Trump y el gobierno extremista de Israel— de socavar los derechos humanos y el imperio de la ley e imponer, en su lugar, el dominio de los más poderosos.
Reconociendo el importante papel que desempeñó la ONU en el fin del apartheid en Sudáfrica, consideramos que la publicación de esta base de datos es un primer paso significativo y concreto por parte de cualquier entidad de la ONU para exigir responsabilidades a las empresas israelíes e internacionales que permiten y se benefician de las graves violaciones de los derechos del pueblo palestino por parte de Israel.
Entre las 112 empresas cómplices que figuran en la “lista de la vergüenza” de la ONU, cabe destacar los cinco principales bancos israelíes en los que AXA invierte (Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Mizrahi Tefahot Bank e Israel Discount Bank); Delta Israel, licenciatario exclusivo de Puma en Israel; y Shapir, socio de CAF para el desarrollo del tren ligero de Jerusalén. También se incluyen Delek Group, Egged, General Mills, Motorola Solutions, JCB, Alstom, la empresa nacional israelí de agua Mekorot y las empresas de viajes TripAdvisor, Airbnb, Booking.com, Edreams y Expedia.
No obstante, numerosas empresas y bancos que participan en actividades comerciales directas o indirectas en o con los asentamientos aún no figuran en la base de datos. Las empresas G4S, Hewlett Packard, Elbit Systems, Caterpillar, Hyundai Heavy Industries, Volvo, HeidelbergCement y Cemex se encuentran entre muchas otras empresas de gran repercusión que están irrefutablemente implicadas en la política de asentamientos ilegales de Israel, tal y como han documentado meticulosamente grupos de derechos humanos, el grupo de investigación israelí independiente WhoProfits e Investigate, un proyecto estadounidense del American Friends Service Committee. Sin embargo, estas no figuran en el listado de la ONU.
Hacemos un llamado para que la presión de base y de la sociedad civil sobre el ACNUDH continúe para que cumpla la Resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos, a través de la resistencia a la presión política —ya sea de Estados Unidos, de los Estados europeos o de Israel— y un compromiso a actualizar constantemente la lista pública.
Ninguna empresa internacional o israelí que sea cómplice de permitir, facilitar y beneficiarse del régimen de opresión de Israel debería gozar de impunidad.
Ya es hora de que todas las instituciones públicas, ayuntamientos, iglesias, sindicatos, organizaciones culturales, universidades, fondos de inversión y demás dejen de contratar, adquirir productos o invertir en cualquiera de las empresas que figuran en la lista de la vergüenza de la ONU para evitar la complicidad en la política de asentamientos de Israel.
Con el apoyo de personas con conciencia de todo el mundo, el movimiento BDS por los derechos del pueblo palestino continuará su lucha pacífica por la libertad, la justicia, la igualdad y para poner fin a toda complicidad con el régimen de ocupación militar, colonialismo de asentamientos y apartheid que Israel lleva décadas ejerciendo.