Las normas internacionales sobre las responsabilidades legales de una empresa que opera a escala internacional han evolucionado en los últimos años y los tribunales están adoptando una “visión más amplia de la responsabilidad legal”. La vulnerabilidad es especialmente clara en situaciones de conflicto armado, donde existe un mayor riesgo de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales.
Las responsabilidades legales de las empresas no se limitan a las leyes nacionales del lugar donde están establecidas o donde operan. También pueden aplicarse las leyes de terceros Estados. No solo las empresas pueden ser consideradas responsables de operaciones ilegales, las personas “miembro del consejo de administración, ejecutivas o empleadas” también pueden ser consideradas responsables de delitos corporativos e individuales.[1] Las mismas normas pueden aplicarse a los organismos de inversión institucionales que invierten en dichas empresas.
La Política de Inversión Ética (EIP, por sus siglas en inglés) de un consejo, empresa, fondo de inversión, universidad u otra institución (en adelante, entidad) –que debe estar en armonía con los valores y principios de la entidad– tiene por objeto garantizar que sus inversiones se gestionen de forma productiva, pero responsable desde el punto de vista social, ético y jurídico.
Al adoptar una EIP, la entidad afirma que no se beneficia ni proporciona capital a empresas que no se ajusten a las normas internacionales de operaciones empresariales social, ética y legalmente responsables, o de actividades que sean materialmente incompatibles con sus valores, incluidos sus principios éticos de inversión.
La entidad no incurrirá con conocimiento de causa en el beneficio presente o futuro, el aporte a capital ni la inversión en empresas implicadas en:
- La producción de armas, partes de armas o equipo militar
- La extracción, procesamiento o comercio de combustibles fósiles
- Violaciones graves de los derechos humanos tal y como se definen en el derecho internacional (incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio).
Los principios fundamentales de la EIP de la entidad son:
- La EIP se basa en la premisa de que la elección por parte de la entidad de dónde invertir debe estar en consonancia con sus objetivos estratégicos, sus obligaciones legales y sus valores medioambientales, sociales y éticos.
- La administración de inversiones/activos de la entidad supervisarán activamente sus inversiones para garantizar su continua adhesión a sus criterios de la EIP que figuran a continuación. En particular, está obligada a desaconsejar la inversión en áreas que se consideren ética o legalmente inaceptables de acuerdo con los criterios.
II. Principios de inversión
De acuerdo con los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (PRI), cuando una entidad decide dónde invertir sus fondos debe tener en cuenta, además de sus valores, cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), que incluyen los derechos humanos. La entidad no invertirá con conocimiento de causa en empresas cuyas actividades y prácticas supongan un riesgo de daño grave para personas, grupos o el medio ambiente.
Los principios de inversión de la entidad se basan en los PRI de la ONU, el Pacto Mundial de la ONU y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU (PRNU).
Los PRNU se basan en el reconocimiento de tres pilares: la obligación del Estado de proteger contra la vulneración de los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el acceso a la reparación para las víctimas de vulneración de sus derechos humanos. “Estos Principios Rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, independientemente de su tamaño, sector, ubicación, propiedad y estructura".
Según el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, “de acuerdo con los PRNU, todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos; realizar continuamente la debida diligencia en materia de derechos humanos (HRDD, por sus siglas en inglés) es un requisito básico para las empresas en el cumplimiento de esa responsabilidad”. Las empresas deben reforzar su debida diligencia en materia de derechos humanos en situaciones de conflicto, y prevenir y mitigar los impactos adversos sobre los derechos humanos que hayan sido identificados en todos los procesos de HRDD. Esto incluye los impactos relacionados con las propias actividades de una empresa “o como resultado de sus relaciones comerciales con otras partes”.[2]
Basándose en lo anterior, la ONU ha elaborado unos principios de inversión responsable para orientar a empresas y firmas de inversión.
(1) Los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas
Los inversores institucionales tienen el deber de actuar en el mejor interés a largo plazo de quienes se benefician de las inversiones. En este papel fiduciario, reconocen que las cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) pueden afectar el rendimiento de las carteras de inversión (en distintos grados según las empresas, los sectores, las regiones, las clases de activos y a lo largo del tiempo).
También reconocen que la aplicación de estos principios puede alinear mejor a los inversores con objetivos más amplios de la sociedad. Por lo tanto, para conciliar sus responsabilidades fiduciarias con sus obligaciones legales y éticas, se comprometen a lo siguiente:
- Principio 1: incorporar asuntos ASG en los análisis de inversión y en los procesos de toma de decisiones.
- Principio 2: prevenir el involucramiento en violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad al incorporar procesos de evaluación del riesgo de inversión en situaciones de conflicto armado.
- Principio 3: ser propietarios activos e incorporar los asuntos ASG en las prácticas y políticas de propiedad.
- Principio 4: procurar una divulgación adecuada de los asuntos ASG por parte de las entidades en las que invierten.
- Principio 5: promover la aceptación e implementación de los Principios en el sector de la inversiones
- Principio 6: colaborar para mejorar su efectividad en la aplicación de los Principios.
- Principio 7: informar sobre sus actividades y progreso en la aplicación de los Principios.
PRI: Dimensión de derechos humanos
La responsabilidad que tienen las empresas e instituciones de inversión de respetar los derechos humanos se basa en normas reconocidas internacionalmente. Según los Principios de Inversión Responsable de la ONU, hay muchas razones que obligan a propietarios de activos a respetar y proteger los derechos humanos. La ONU se centra en cuatro temas clave:
Todas las entidades jurídicas, así como las personas naturales, tienen la responsabilidad legal de no participar en la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio. Los inversores institucionales están obligados a respetar los derechos humanos a través de un conjunto de requisitos políticos y procedimentales, tal y como se establece en los PRNU.[1]
Los factores relacionados con los derechos humanos son importantes para los inversores, ya que pueden repercutir en la rentabilidad financiera. Por ejemplo, las empresas pueden tener que hacer frente a costos operativos y jurídicos más elevados debido a conflictos armados (incluido un mayor riesgo de violación de los derechos humanos), disturbios civiles y violaciones relacionados con la degradación del medio ambiente y otras responsabilidades potenciales, incluidas las relacionadas con los riesgos reputacionales, como se señala más adelante.
Un número cada vez mayor de personas beneficiarias de los propietarios de activos están interesadas en garantizar que su dinero se invierta en consonancia con sus valores, incluido el respeto de los derechos humanos.
Los medios de comunicación, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las organizaciones de base hacen un seguimiento a las actividades y operaciones de las empresas y a quienes invierten en ellas. Si se detecta que una empresa está implicada en violaciones de los derechos humanos puede haber una atención significativa o incluso desencadenar campañas de boicot y desinversión de alto impacto contra la empresa o contra sus inversionistas institucionales. Los riesgos reputacionales se aplican en ambos casos. Por lo tanto, respetar los derechos humanos también ayuda a protegerse contra los posibles daños a la reputación y los perjuicios financieros que se derivan de ello.
(2) Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU)
Según los PRUN, las empresas deberían:
- Apoyar y respetar los derechos humanos
- Asegúrese de que no causen ni contribuyan a la violación de los derechos humanos y que se aborden los impactos adversos en los que están implicadas o vinculadas. En algunos casos, puede ser necesario poner fin a las operaciones o a la relación. Esto también puede ocurrir a nivel de Estados.[1] Los PRNU señalan además que “en situaciones de conflicto armado, las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario”.[2]
Los PRI subrayan que “los PRNU exigen a inversores institucionales que ejerzan una triple responsabilidad de respeto de los derechos humanos:
los inversores deben establecer en sus políticas el compromiso de respetar los derechos humanos. Este compromiso debe estar aprobado al más alto nivel e integrado en toda la organización para informar las decisiones de inversión, la administración y los diálogos sobre políticas.
[6] los inversores deben gestionar los resultados negativos, reales y potenciales en materia de derechos humanos; estas consideraciones deben reflejarse en los procesos de toma de decisiones de inversión de los inversionistas, incluso en la construcción de carteras, la selección y asignación de valores, o en la selección, designación y supervisión de gestores/fondos externos y otros proveedores de servicios.
los inversores deben permitir o facilitar el acceso a vías de recurso a las personas afectadas por sus decisiones de inversión. En el caso de los resultados con los que los inversores están directamente vinculados a través de una empresa en la que invierten, los inversores deben garantizar que las empresas en las que invierten proporcionen acceso a vías de recurso a las personas afectadas.”
III. Seguimiento
Para hacer efectivo su compromiso con esta Política de Inversión Ética (EIP, por sus siglas en inglés), la entidad debe:
- Publicar la EIP en su sitio web tras su aprobación.
- Asignar la responsabilidad de supervisar el funcionamiento y la eficacia de la política a una persona gerente o a un departamento específico que deberá proporcionar a la entidad una actualización trimestral y asesorar sobre las inversiones que entren en conflicto con la EIP.
- Publicar en su página web una lista de los activos comerciales propiedad de la entidad, con total transparencia sobre las operaciones de estos activos y las principales relaciones comerciales.
[1] "Las empresas y las personas gerentes, directoras y otras dirigentes también podrían ser consideradas directamente responsables de la comisión de actos de genocidio, así como de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El artículo VI de la Convención sobre el Genocidio especifica que las ‘personas’ pueden ser consideradas responsables de actos de genocidio, lo que incluye a personas empresarias individuales o directivas de empresas como personas naturales y puede incluir a las corporaciones como personas jurídicas. Aunque la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción sobre las personas jurídicas, el personal de las empresas como personas naturales de los Estados Partes del Estatuto de Roma puede caer bajo su jurisdicción. En virtud del artículo 25(3)(c) del Estatuto de Roma, la CPI puede enjuiciar a quienes faciliten la comisión de crímenes, incluso mediante el suministro de medios. [...] En situaciones de conflicto armado, se aplican normas adicionales de derecho internacional humanitario y de derecho penal internacional a las empresas y a las personas empresarias individuales, quienes deben considerar si sus operaciones contribuyen a graves violaciones de los derechos humanos o a crímenes internacionales”. Obligations of Third States and Corporations to Prevent and Punish Genocide in Gaza, 5 de junio de 2024, p.2
[2] Comentario al PRNU 13.
[3] "Los terceros Estados que realicen actividades comerciales con empresas potencialmente implicadas en actos de genocidio en Gaza, por ejemplo a través de la contratación pública, como accionistas o a través de fondos públicos de pensiones y otras inversiones, deben rescindir esos contratos y excluir a dichas empresas.
Los fondos de pensiones también deberían retirar sus inversiones de los bancos israelíes, Bonos de Israel y otras instituciones financieras, teniendo en cuenta la conexión con las colonias ilegales y otras violaciones del derecho internacional." Tomado de opinión de una persona experta, Obligations of Third States and Corporations to Prevent and Punish Genocide in Gaza, 5 de junio de 2024, p. 35.
[4] La Opinión Consultiva de la CIJ de julio de 2024, por ejemplo, pide a los Estados que "adopten medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado". Párr. 278.
[5] Comentario de los PRNU al Principio 12.
[6] En situaciones de conflicto armado el riesgo de violación de los derechos humanos es mayor, y así debe ser la exigencia de debida diligencia de las empresas implicadas en tales situaciones. Según personas abogadas expertas, "para las empresas y las instituciones que invierten en ellas, comprender y defender prácticas sensibles a los conflictos que integren el DIH les dará mayores posibilidades de gestionar los riesgos de inversión, fomentar las mejores prácticas y respetar la vida y la dignidad de las personas afectadas por los conflictos armados".