Clic aquí para leer y descargar un informe jurídico elaborado por el BNC titulado “Responsabilidad corporativa de las empresas energéticas en relación con las violaciones del derecho internacional por parte de Israel”.
La Conferencia de Santa Marta se celebra en medio de una escalada de guerra, agresión colonial y genocidio, en una brutal era en la que impera la “ley del más fuerte”, estrechamente ligada a las necesidades de una economía mundial adicta a los combustibles fósiles. Desde Venezuela hasta Cuba, desde Palestina hasta Irán, el eje estadounidense-israelí perpetra crímenes de agresión, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en su afán por controlar los recursos de combustibles fósiles, para lo cual intenta activamente cortar todos los suministros energéticos a quienes no sucumben a sus designios. Precisamente por eso la conferencia no puede tratar los combustibles fósiles únicamente como un problema de emisiones gestionado mediante calendarios de transición ordenados. Los combustibles fósiles se transportan, comercializan, aseguran y utilizan como arma a través de sistemas de guerra, ocupación y poder colonial. Cualquier marco de transición que no pueda hacer frente a esa realidad fracasará en su prueba más básica.
La gobernanza climática regula las emisiones, pero no regula la producción, el comercio, los seguros, el refinado y las cadenas de suministro que siguen canalizando los combustibles fósiles hacia el genocidio, la guerra colonial y la ocupación militar. Los regímenes de comercio e inversión garantizan la protección del capital fósil, pero no hacen nada para detener la complicidad de los combustibles fósiles en graves violaciones del derecho internacional. Sin embargo, los Estados que transportan combustible a través de sus jurisdicciones, así como las empresas que lo hacen, tienen obligaciones claras en virtud del derecho internacional. Vitol transporta crudo a través de la refinería de Saras, en Cerdeña, hacia el Israel genocida; Drummond ha continuado exportando carbón a Israel a través de intermediarios; Chevron es también el principal extractor del gas fósil que Israel reclama en el Mediterráneo Oriental, y se beneficia de contratos de extracción de gas fósil que aportan a Israel cientos de millones de dólares anuales en ingresos por los pagos de su licencia de extracción de gas, lo que contribuye a financiar el fondo de guerra de Israel; y Glencore forma parte de la cadena de suministro. No se trata de actores corporativos aislados, más bien, operan a través de un orden jurídico y político que los Estados han construido y mantenido.
Palestina hace que la brecha de gobernanza sea imposible de ignorar. Los yacimientos de gas marinos de Gaza se encuentran en aguas palestinas, pero la ocupación militar ilegal de Israel explota estos recursos e impide que el pueblo palestino los controle. Gran parte del potencial solar de Cisjordania se encuentra bajo pleno control israelí, donde la infraestructura renovable palestina es obstruida o destruida de forma rutinaria mientras que los sistemas energéticos de los asentamientos israelíes se expanden sin interrupción. La privación de energía no es algo incidental a la ocupación, es uno de sus instrumentos. Las fuerzas israelíes han matado a más de 72.000 personas palestinas desde octubre de 2023 en el primer genocidio del mundo que es retransmitido en directo. El genocidio no ha terminado y, sin embargo, los marcos actuales de transición justa dan por sentado que los pueblos que están siendo “sometidos a la transición” tienen soberanía sobre sus propios recursos y sistemas energéticos. La transición no puede ser justa cuando niega la soberanía y el derecho a la autodeterminación.
La CIJ ha declarado ilegal la ocupación perpetuada por Israel, así como que esté implementando un sistema de apartheid (considerado como crimen de lesa humanidad) y, posiblemente, genocidio. La explotación de los recursos palestinos por parte de Israel es, por lo tanto, ilegal. Todos los Estados están obligados a impedir el comercio y la inversión que sostienen estos crímenes. Si los combustibles fósiles pueden seguir llegando a un Estado que comete crímenes atroces mientras el mundo habla de forma abstracta de la eliminación gradual, el problema no es solo el retraso climático: es la impunidad alimentada por los combustibles fósiles.
Colombia ya ha demostrado la posibilidad de la acción estatal al tomar medidas para detener las exportaciones de carbón a Israel y sentar un precedente. El comercio de combustibles fósiles no es neutral y los Estados pueden actuar para impedir que sus exportaciones energéticas sustenten materialmente la violencia masiva. Sin embargo, se necesita una arquitectura de aplicación global para garantizar que las políticas se traduzcan en realidad. Turquía, por ejemplo, ha decretado un embargo comercial total, pero el petróleo crudo sigue fluyendo a través de su territorio.
Las investigaciones de PICS y Disrupt Power rastrearon el crudo brasileño vendido a Vitol, refinado en la refinería de Saras SpA en Cerdeña y enviado posteriormente a Israel a través de rutas ocultas y evasiones marítimas. No se trata de lagunas aisladas, por el contrario, revelan un sistema diseñado para preservar el comercio de combustibles fósiles en ausencia de una verdadera gobernanza del lado de la oferta. Cualquiera que sea la arquitectura de gobernanza que surja de Santa Marta esta debe ser institucional y multilateral y no depender de un solo gobierno. Por encima de todo, debe estar plenamente en armonía con el derecho internacional y las obligaciones de prevenir y castigar la comisión de crímenes atroces y graves violaciones de los derechos humanos.
Cuando los gobiernos y las instituciones internacionales no cumplen con sus obligaciones, la gente y la sociedad civil deben tomar la iniciativa. Así, el movimiento BDS, liderado por el pueblo palestino y sus aliados globales, ya está exigiendo rendición de cuentas desde abajo. Personas trabajadoras, activistas, investigadoras, especialistas en derecho e innumerables organizaciones de la sociedad civil se han unido para presionar a gobiernos y corporaciones para que pongan fin a su complicidad. Las personas trabajadoras portuarias de todo el Mediterráneo y más allá se niegan cada vez más a manipular carga militar y de doble uso con destino a Israel; los sindicatos petroleros brasileños han manifestado su disposición a actuar y las comunidades mineras colombianas se están organizando en torno al decreto del carbón. Todas estas personas son la base política del embargo energético y están haciendo lo que el derecho internacional establece como una obligación de los Estados: negarse a ayudar o colaborar en actos gravemente ilícitos a nivel internacional.
Por otra parte, los sectores militares siguen estando entre los mayores consumidores institucionales de combustibles fósiles en cualquier lugar y, sin embargo, quedan casi por completo al margen de la gobernanza climática. Esta contradicción es ahora imposible de ignorar: las operaciones militares están alterando los sistemas energéticos en tiempo real mientras que la gobernanza climática sigue tratando las emisiones militares como marginales o invisibles. Los Estados que amplían la infraestructura militar y los programas de rearme al tiempo que reclaman el liderazgo climático están generando una contradicción que Santa Marta no puede dejar sin abordar. La desmilitarización forma parte de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, no es algo separado de ella.
Lo que se necesita ahora no es más retórica sobre la transición, sino una gobernanza que realmente pueda gobernar.
Hacemos un llamado a quienes se reúnen en Santa Marta para que hagan seis cosas:
Uno. Convertir el embargo energético en una cuestión política central de esta conferencia. Se debe presionar a los Estados para que pongan fin a las transferencias de combustibles fósiles que sustentan de manera sustancial el genocidio, los crímenes de guerra, la ocupación ilegal u otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Los embargos energéticos no son gestos excepcionales, son instrumentos para poner fin a la complicidad en graves violaciones de los derechos humanos.
Dos. Crear la estructura de aplicación necesaria para que los embargos sean efectivos. Impulsar un instrumento de transparencia de la cadena de suministro global que incluya el seguimiento público de los envíos, la divulgación del destino final y medidas contra la elusión que abarquen las transferencias de barco a barco, la manipulación del AIS, el refinado por intermediarios y las estructuras poco transparentes de los comerciantes.
Tres. Exigir protección para las personas trabajadoras y los sindicatos como actores de primera línea en la aplicación de una transición justa. Quienes se nieguen a cargar, refinar, transportar o asegurar cargamentos de combustibles fósiles vinculados a crímenes atroces deben tener protección contra el despido, la judicialización y las represalias.
Cuatro. Reconocer la soberanía energética como principio fundamental de una transición justa. Los pueblos colonizados y ocupados deben tener derecho a controlar sus propios recursos y sistemas energéticos. Un tratado sobre combustibles fósiles que no incluya este principio reproducirá las jerarquías sobre las que se construyó la economía basada en los combustibles fósiles.
Cinco. Otorgar a las comunidades capacidad jurídica para rechazar la extracción y exigir responsabilidades. El consentimiento libre, previo e informado no puede seguir siendo una ficción procesal, las comunidades deben poder impugnar la extracción, retirar su consentimiento y activar obligaciones vinculantes para los Estados y las empresas.
Seis. Abrir una vía hacia un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles que sea vinculante y aborde la producción, el comercio, las cadenas de suministro y la complicidad de los combustibles fósiles en crímenes atroces. Este tratado debe incluir la soberanía energética, la transparencia de la cadena de suministro, la protección de las personas trabajadoras y la condicionalidad del derecho internacional en la financiación climática y de reconstrucción. También debe establecer obligaciones financieras de reparación para los Estados y las empresas cuya producción y comercio de combustibles fósiles hayan sostenido de manera significativa conflictos, crímenes internacionales y destrucción ecológica.
La economía de los combustibles fósiles se construyó a través de la extracción colonial, el intercambio desigual y la violencia organizada. Los Estados y las empresas la construyeron juntos y la mantienen juntos. Una transición que cambie la fuente de combustible pero preserve estos acuerdos no rompe con ese sistema, lo adapta.
No hay transición justa sin descolonización.
No hay gobernanza de los combustibles fósiles sin rendición de cuentas en la cadena de suministro.
No hay justicia climática sin la liberación de Palestina.
Esta declaración ha sido elaborada por el Instituto Palestino para la Estrategia Climática (PICS, por sus siglas en inglés) y está abierta al respaldo de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, movimientos sociales y actores aliados.
Contacto: [email protected]
Firmantes:
Instituto Palestino para la Estrategia Climática - Palestinian Institute for Climate Strategy (PICS)
Movimiento Palestino de Boicot, Desinversión y sanciones - Palestinian Boycott, Divestment, Sanctions Movement (BDS)
La Nueva Federación Palestina de Sindicatos - The Palestine New Federation of Trade Unions
Campaña Palestina Popular Contra el Muro de Apartheid (Detengan el muro) - Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign (Stop the Wall)
Disrupt Power
Embargo Energético Global por Palestina - Global Energy Embargo for Palestine (GEEP)
Flotilla Mundial del Sumud - Global Sumud Flotilla
Flotilla de Justicia Climática - Climate Justice Flotilla