La Corte Internacional de Justicia ha hecho historia al confirmar la veracidad de la acusación formulada por Sudáfrica en virtud de la Convención sobre el Genocidio, según la cual “Israel ha cometido, está cometiendo y corre el riesgo de seguir cometiendo actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza”. Además, ordenó a Israel que impida cualquier acto de genocidio, que impida que sus fuerzas armadas cometan tales actos y que garantice el acceso de alimentos, agua, medicinas y otros suministros humanitarios a la —ocupada y sitiada— Franja de Gaza.
El Comité Palestino de Coordinación contra el Apartheid (PAACC, por sus siglas en inglés) —integrado por el Departamento contra el Apartheid de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el Comité contra el Apartheid del Consejo Nacional Palestino (CNP), el movimiento BDS, el Consejo de la Organización Palestina de Derechos Humanos (PHROC, por sus siglas en inglés) y la Red de ONG Palestinas (PNGO, por sus siglas en inglés)— acoge con gran satisfacción la histórica decisión de la CIJ. Las decisiones de la CIJ son definitivas, vinculantes e inapelables, y todos los Estados deben cumplir con sus obligaciones legales adoptando, de forma unilateral y colectiva, todas las medidas viables para garantizar de manera urgente y definitiva que Israel respete la decisión de la Corte y aplique íntegramente y sin demora las medidas provisionales ordenadas.
Aunque la Corte no llegó a ordenar explícitamente un cese al fuego inmediato y permanente para detener el genocidio, ahora más que nunca resulta necesario presionar a los Estados para que cumplan con sus obligaciones legales e impongan a Israel un cese al fuego. Además, la decisión de la CIJ impone ahora una mayor responsabilidad jurídica —por no mencionar moral— a los Estados que respetan el derecho internacional, a la sociedad civil y a las personas con conciencia de todo el mundo para poner fin al genocidio en curso perpetrado por Israel y ayudar a desmantelar su sistema subyacente de opresión.
Todos los Estados, empresas (incluidas las de medios de comunicación) e instituciones que sean cómplices de cualquier aspecto del régimen de 76 años de Israel de colonialismo de asentamientos, apartheid y ocupación militar deben poner fin a esta complicidad de inmediato y rendir cuentas por su colaboración y participación en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, posiblemente, genocidio. Los terceros Estados que hayan suministrado a sabiendas armas, materiales y otro tipo de apoyo a Israel para su uso en crímenes atroces —incluido el genocidio— deben rendir cuentas por contribuir a actos internacionalmente ilícitos y a violaciones de las normas de ius cogens del derecho internacional.
Tras la histórica decisión de la CIJ de que es plausible que Israel esté cometiendo genocidio, y dado que los Estados partes en la Convención sobre el Genocidio tienen la obligación erga omnes de prevenir y castigar el delito de genocidio, los Estados deben:
- Imponer un embargo militar bidireccional a Israel, trabajar para que se apruebe en la ONU un embargo de armas obligatorio contra este país y adoptar otras medidas punitivas para prevenir y reprimir sus actos de genocidio, así como poner fin al apoyo económico y diplomático que se le presta.
- Imponer sanciones económicas legítimas y proporcionadas y otras contramedidas a Israel —incluida la cancelación de todos los acuerdos de libre comercio y cooperación— hasta que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
- Tomar medidas inmediatas para expulsar a Israel de los foros internacionales —incluidos la Asamblea General de la ONU, el Comité Olímpico Internacional, la FIFA y otros—, tal y como se hizo con la Sudáfrica del apartheid.
- Los Estados parte de la Corte Penal Internacional (CPI) deben presionar a la figura de fiscal para que avance rápidamente en la investigación de todos los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio cometidos por autores israelíes contra el pueblo palestino, y para que emita de inmediato y sin más demora órdenes de detención para los expedientes que se encuentran ante la Corte desde el 2014. También deben garantizar que la Corte cuente con todos los recursos necesarios para asegurar la viabilidad de la investigación sobre la situación en Palestina.
- Detener y enjuiciar, incluso mediante la aplicación de la jurisdicción universal, a las personas ciudadanas israelíes —incluidas las funcionarias del gobierno— o a aquellas presentes en su territorio o bajo su jurisdicción que hayan incitado al genocidio, apoyado el genocidio o cometido actos genocidas contra el pueblo palestino.
- Actuar en el marco de su responsabilidad para garantizar que las entidades corporativas e instituciones domiciliadas en su territorio o bajo su jurisdicción cesen y desistan de ayudar e incitar al genocidio perpetrado por Israel y a otros crímenes en virtud del derecho internacional, incluido el crimen de lesa humanidad de apartheid contra el pueblo palestino.
- Unirse al amplio y creciente número de Estados del Sur Global que apoyan la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel ante la CIJ.
La orden de medidas provisionales puede contribuir a proteger los derechos del pueblo palestino frente a “un daño mayor, grave e irreparable”, tal y como ha solicitado Sudáfrica. Si se aplican, las medidas podrían detener el grave daño que supone el genocidio de Israel contra 2,3 millones de personas palestinas, pero incluso cuando cese el implacable bombardeo israelí sobre civiles e infraestructura civil, la hambruna y las enfermedades infecciosas que se están propagando en Gaza debido al mortal asedio y al domicidio de Israel seguirán devastando al pueblo palestino. Especialistas en derechos humanos de la ONU han advertido que todas las personas palestinas de Gaza, la mitad de las cuales son infancias, pasan hambre y más de medio millón se están “muriendo de hambre”.
Queda mucho por hacer para abordar las causas de fondo —la actual Nakba palestina—. “Los actos genocidas de Israel”, tal y como Sudáfrica ha afirmado ante la CIJ, deben entenderse “en el contexto más amplio de los 75 años de apartheid, los 56 años de ocupación y los 16 años de asedio impuestos por Israel a la Franja de Gaza”. La violencia colonial de los colonos israelíes desde 1948, afirmó Sudáfrica, “ha desposeído, desplazado y fragmentado de forma sistemática y forzosa al pueblo palestino, negándole deliberadamente su derecho inalienable y reconocido internacionalmente a la autodeterminación, así como su derecho reconocido internacionalmente a regresar como personas refugiadas a sus ciudades y pueblos en lo que hoy es el Estado de Israel”.
En el Llamado Unificado Palestino contra el apartheid del 2023, las personas palestinas afirmaron que “el desmantelamiento del régimen de colonialismo de asentamientos y apartheid de Israel es una condición indispensable para que el pueblo palestino ejerza plenamente sus derechos legítimos e inalienables, tal y como estipula el derecho internacional”.
El pueblo palestino sabe muy bien que solo a través del poder popular, la unidad y la movilización podemos lograr la justicia y ser capaces de ejercer nuestros derechos inalienables. Así, hacemos un llamado a la gente de todo el mundo para que aproveche este momento creado por la sentencia de la CIJ y responda al Llamado Unificado Palestino “para fortalecer el creciente estado de solidaridad global con el pueblo palestino y nuestra justa causa, apoyando —y participando activamente en— el movimiento global de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) liderado por personas palestinas”.
La justicia es la única solución aceptable, cualquier acción o esfuerzo diplomático que no se centre en poner fin y castigar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel, así como en acabar con toda complicidad internacional en los mismos, equivale a perpetuar su impunidad, la injusticia y la opresión de nuestro pueblo, al tiempo que se sigue desmantelando el estado de derecho internacional.