Excmas. Sras. Arantxa Tapia Otaegi y María Ainhoa Ondarzabal Izaguirre,
Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y Directora de la Agencia de Internacionalización Empresarial del Gobierno Vasco
Les escribo con ocasión de la celebración de la próxima junta de accionistas de CAF para pedir que, como miembros de un gobierno que tiene acciones en dicha empresa, tomen las medidas necesarias para asegurar que la misma deje de participar en el desarrollo y mantenimiento del proyecto ilegal israelí del tren ligero de Jerusalén (JLR por sus siglas en inglés).
La ilegalidad del proyecto para llevar a cabo la expansión de la red de tren que conecta las colonias ilegales en territorio palestino ocupado, ha sido reiterada por decenas de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió el cese de "la puesta en funcionamiento por Israel de un tranvía que une los asentamientos con Jerusalén Occidental, que es una clara violación del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas". El proyecto del JLR es un elemento clave en la estrategia de las autoridades israelíes para fortalecer la anexión de territorio palestino ocupado y para negar al pueblo palestino sus derechos básicos en virtud del derecho internacional.
Además, CAF participa en este proyecto con una empresa israelí, Shapir, que está incluida en la base de datos de Naciones Unidas sobre empresas que realizan actividades en asentamientos ilegales israelíes. Dicha base de datos se actualiza por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos según la resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos. La posibilidad de que CAF pueda ser incluida en esta base de datos, implicaría que la empresa, directa e indirectamente, ha permitido, facilitado y aprovechado la construcción y el crecimiento de los asentamientos. Los asentamientos ilegales israelíes son definidos como crímenes de guerra bajo el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Estos días hemos visto un aumento de la brutal represión israelí: expulsiones en Sheikh Jarrah, bombardeos en Gaza asesinando a más de 260 personas, incluyendo a 61 niños y niñas, y ataques a personas rezando en la mezquita Al-Aqsa. Toda esta violencia forma parte de la contínua Nakba, del proyecto israelí de robar tierra palestina expulsando a la población palestina autóctona.
El Jerusalem Light Rail, el tren ligero, que CAF está construyendo junto a Shapir, une asentamientos ilegales israelíes en territorio ocupado palestino entre sí, y forma parte del proyecto israelí de desposesión al pueblo palestino.
El comité de empresa ha pedido reiteradamente que CAF deje de trabajar en territorio ocupado palestino.
El fondo de inversiones de Noruega, el más grande del mundo, ha decidido desinvertir de Shapir, socia de CAF, “debido al riesgo inaceptable que las empresas contribuyen a sistemáticas violaciones de los derechos de individuos en situaciones de guerra o conflicto". El fondo de inversiones también es accionista de CAF.
En ese sentido, les escribo para mostrar mi preocupación por la participación de una institución pública en dicho proyecto en calidad de accionista. Así mismo, teniendo en cuenta que se acerca la Asamblea general de Accionistas de CAF, prevista para el próximo 5 de junio, les traslado mi preocupación y malestar sobre este proyecto, esperando que el gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en calidad de accionista de CAF pueda trasladar su denuncia en la Asamblea General y poner todos los medios a su alcance para lograr que CAF asuma sus responsabilidades de derechos humanos y salga del mencionado proyecto.
Atentamente,