Derrota histórica para Israel: La CIJ dictamina que es plausible que Israel esté cometiendo genocidio

El pueblo palestino pide que se ejerza la máxima presión para detener el genocidio y desmantelar el apartheid.

Declaración BNC

Ante el Informe de HRW sobre el apartheid israelí

Como Comité Nacional Palestino del movimiento mundial de BDS damos una calurosa bienvenida al histórico informe de Human Rights Watch que confirma lo que los expertos y defensores de Derechos Humanos palestinos e internacionales han estado expresando durante décadas: el régimen de Israel contra todo el pueblo palestino es un sistema único de apartheid que priva a millones de palestinas y palestinos, refugiados incluidos, de sus derechos básicos en virtud de su identidad.

 El informe pide reconocer y honrar "el derecho de los y las palestinas que huyeron o fueron expulsados ​​de sus hogares en 1948 y de sus descendientes a entrar en Israel y residir en las áreas donde ellos o sus familias alguna vez vivieron".

 El movimiento BDS acoge con especial satisfacción la adopción por parte de HRW del llamado de la sociedad civil palestina para una investigación de la ONU sobre el apartheid israelí y para imponer "sanciones selectivas" a Israel para terminar con su régimen de discriminación. HRW también pide que se condicione la venta de armas y las relaciones de seguridad con Israel hasta que "tome medidas concretas y verificables para poner fin a la comisión de los crímenes del apartheid y la persecución de la población palestina”.

Fundamentalmente, HRW pide someter todos los “acuerdos internacionales, esquemas de cooperación y todas las formas de comercio y trato con Israel a una evaluación diligente para detectar quienes contribuyen directamente en la comisión de los crímenes de apartheid y persecución de palestinos, así como para también mitigar el impacto en los derechos humanos y, cuando esto no sea posible, poner fin a las actividades y los fondos que contribuyan a facilitar estos graves delitos".

Por último, HRW pide a las empresas activas en el Israel actual y el Territorio Palestino Ocupado (TPO)  que "evalúen si sus bienes y servicios contribuyen a los crímenes de apartheid y persecución" y que "dejen de proporcionar bienes y servicios que probablemente se utilizarán para tales fines".

 


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