Por Gaza: intensifiquemos las campañas de BDS para hacer responsable a Israel

Palestina ocupada, 23 de agosto de 2020 - En respuesta al bombardeo continuado sobre la Franja de Gaza ocupada y bloqueada por parte del régimen de apartheid israelí, el Comité Nacional Palestino de BDS (BNC) reitera los llamados de la sociedad civil palestina a que se impongan a Israel sanciones concretas y lícitas, en particular un embargo militar urgente y exhaustivo, y a que se intensifiquen las campañas de boicot y desinversión para poner fin a sus crímenes.

Por más de once noches consecutivas, las fuerzas militares israelíes han bombardeado Gaza, aterrorizando a sus dos millones de habitantes, que viven en la mayor prisión al aire libre del mundo debido al bloqueo impuesto por Israel desde hace ya 13 años. La excusa de Israel en esta ocasión son los globos incendiarios lanzados desde Gaza, que provocan incendios en las tierras agrícolas de las colonias israelíes cercanas a las vallas militares que rodean a Gaza.

La mayoría absoluta de la población de Gaza son descendientes de las más de 750.000 personas refugiadas palestinas que fueron víctimas de la limpieza etnica −por parte de las milicias sionistas y más tarde por el ejército israelí− durante la Nakba de 1948.

Los ataques israelíes dañaron viviendas e infraestructura civil, incluyendo una escuela primaria a cargo de la Agencia de Naciones Unidas para las y los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el campo de refugiados de Shati, la que fue bombardeada en la madrugada del 13 de agosto. La UNRWA desmintió la afirmación de Israel de que el ataque fue resultado de un “accidente”, debido a que la ONU proporciona a las autoridades de ocupación israelíes todas las coordenadas actualizadas de sus instalaciones en Gaza.

La caída del misil israelí sobre la escuela unas horas antes de su apertura evitó una masacre de niños, niñas y docentes, no obstante causó pánico y temor generalizado entre la población infantil refugiada.

Esta nueva ola de bombardeos israelíes sobre Gaza coincide con el sexto aniversario de la masacre de más de 2.250 palestinos/as, incluyendo 551 niños y niñas, perpetrada por Israel en 2014 durante un prolongado ataque militar. En una declaración firmada en ese momento por más de 140 especialistas en derecho internacional y derecho penal, defensoras/es de derechos humanos, juristas y otros expertos/as, se señala que “la mayoría de los recientes bombardeos intensos sobre Gaza carecen de una justificación militar aceptable y, en cambio, parecen estar destinados a aterrorizar a la población civil.”

En 2019 una investigación de la ONU sobre los ataques de Israel a manifestantes palestinos desarmados que participaban en la Gran Marcha del Regreso, iniciada el 30 de marzo de 2018, afirmó que había “motivos razonables para creer que los francotiradores israelíes dispararon contra periodistas, personal de salud, niños y personas con discapacidad, a sabiendas de que eran claramente reconocibles como tales.” El informe de la ONU concluyó que: “Estas graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario pueden constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.”

Estos reiterados crímenes israelíes contra una población civil cautiva, que no tiene a dónde escapar, solo pueden llevarse a cabo con impunidad debido a la complicidad de los gobiernos occidentales, especialmente los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, y a la connivencia de algunos regímenes árabes despóticos.

Todo intento de “normalizar” relaciones o de justificar los “negocios de costumbre” con Israel supone un apoyo material a su régimen de apartheid y a las masacres contra el pueblo palestino.

Las empresas militares israelíes, incluyendo Elbit Systems e Industrias Aeroespaciales Israelíes, hacen pruebas de sus armas en los cuerpos palestinos para luego exhibirlas en todo el mundo como probadas en combate. Los fabricantes internacionales de armas y alta tecnología obtienen sus propias ganancias suministrando a Israel armas y municiones para sus ataques al pueblo palestino.

En los últimos días el apartheid israelí ha endurecido su asfixiante bloqueo a los dos millones de habitantes de la Franja de Gaza, prohibiendo completamente la pesca en sus costas y cerrando la entrada de mercancías y combustible desde el 10 de agosto, causando así la paralización completa de la única central eléctrica de la Franja, que ya está sobrecargada. Esto puede dar lugar a una verdadera catástrofe humanitaria, incluyendo la parálisis del sistema de salud en un momento de pandemia mundial, así como del transporte y otros servicios vitales que desde 2007 sufren una asfixiante crisis de electricidad y otras carencias básicas, debido al bloqueo israelí.

La ONU había predicho anteriormente que Gaza sería “inhabitable” en 2020. Aun así, Israel continúa con su brutal bloqueo y sus ataques militares, su implacable limpieza étnica gradual en el Naqab (Negev) y en Cisjordania, especialmente en Jerusalén Oriental y en el Valle del Jordán y alrededores, sin consecuencia alguna. La ONU y los gobiernos del mundo no han sido capaces de imponer sanciones selectivas al régimen de ocupación, colonialismo de asentamiento y apartheid israelí para hacerle rendir cuentas.

Para poner fin al apartheid israelí y a sus continuos crímenes de guerra y de lesa humanidad, y para apoyar la lucha palestina por libertad, justicia e igualdad, llamamos a la comunidad internacional a: 

1.  Presionar a los gobiernos y parlamentos para que cumplan con sus obligaciones legales internacionales imponiendo un embargo militar completo a Israel, como piden la sociedad civil palestina y Amnistía Internacional.

2.  Intensificar el boicot académico y cultural a Israel y a sus instituciones cómplices, especialmente a raíz de sus continuos y devastadores ataques contra las instituciones educativas y culturales palestinas en Gaza, Jerusalén y en todas partes.

3.  Aumentar la participación en campañas de boicot y desinversión contra empresas que hacen posible los crímenes israelíes contra el pueblo palestino, en particular las que figuran en la base de datos de la ONU, así como contra numerosas empresas cómplices que aún no han sido incorporadas a dicha base.